La acusación constitucional contra la Corte Suprema de Justicia fue un suceso histórico chileno ocurrido entre 1868 y 1869, durante el periodo de la República Liberal, que se inició con la presentación, por el entonces diputado Vicente Sanfuentes, de una acusación constitucional contra el presidente y los ministros de la Corte Suprema, Manuel Montt Torres, José Gabriel Palma, José Miguel Barriga y José Alejo Valenzuela, por infracción de las leyes y "notable abandono de deberes".

Un proceso de destitución (o simplemente destitución), juicio político o impeachment (pronunciado en inglés |help=no}}) designa una figura del derecho en países con un modelo de gobierno presidencialista —tanto en países anglosajones como Estados Unidos como en aquellos basados en el derecho continental— por la que se puede hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades —jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las fuerzas armadas—, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia o tener efectos meramente políticos.

La acusación, denuncia o imputación es el cargo que se formula ante autoridad competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique la sanción prevista.

En el proceso penal, el plenario se inicia con la acusación que consiste en una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal - ministerio público, acusador particular o ambos - por la cual, haciendo mérito de las piezas de convicción allegadas al sumario formula un juicio de culpabilidad en contra del procesado que hubiese sido indagado sobre el objeto de reproche.

La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad competente contra una o varias personas determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le aplique la sanción prevista. Esta persona recibe el nombre de acusado.